En México la Ley Antilavado dista mucho aún de ser operativa y no ha aumentado el número de casos por lavado de dinero, sin embargo, recientemente en fecha 16 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer la “Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables”.

La citada Resolución, contempla el formato oficial para los desarrolladores de bienes inmuebles, que impone la obligación a este sector de cumplir con el objeto de la Ley, atendiendo no solo a las operaciones de compraventa de inmuebles que están involucrados, sino también a las transacciones que se presentan al llevar a cabo el desarrollo de bienes inmuebles, actividad que está prevista como vulnerable en términos del citado artículo 17, fracción V de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En consecuencia, se reformó el inciso g) del artículo 3 de la RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, donde se establecen los siguientes Anexos:

Anexo 5-A (antes Anexo 5) – para quienes realicen actividades vulnerables relacionadas con los servicios de construcción o desarrollo inmobiliario, con la intermediación en la transmisión de la propiedad o con la constitución de derechos sobre dichos bienes.

Nuevo Anexo 5-B – para quienes realicen actividades vulnerables relacionadas con el propio desarrollo de bienes inmuebles.

Es importante señalar que se entenderá como “desarrollo de bienes inmuebles” aquellas obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, que involucren operaciones de compraventa de inmuebles, también se integra a quienes estén relacionados, con la intermediación en la transmisión de la propiedad o con la constitución de derechos sobre esos bienes.

¿Cuándo entrara en vigor? La mencionada modificación a la resolución entrará en vigor a partir del 2 de enero del 2017, según lo establecido en el artículo primero transitorio.

Resultará necesario para este sector atender puntualmente con la nueva carga que se les impone, pues la autoridad cuenta con los medios necesarios para detectar a quienes incumplan con estas obligaciones y proceder a la imposición de multas exorbitantes.

En síntesis, el sector de la construcción entra en una nueva fase que requiere de mayor cuidado y transparencia de sus operaciones fiscales, contables y legales, lo cual gracias a la experiencia que tenemos en Black Armour podemos ofrecer un blindaje que diagnostique la situación actual de la empresa y a la vez genere estrategias de prevención.

 

Lic. Marco A. López
Gerente de Litigio
Black Armour