El pasado 21 de octubre de 2016, la SHCP publicó en su página el criterio de interpretación sobre el Outsourcing, señalando que dicho servicio encuadra dentro de la actividad vulnerable señalada en el Art 17 Fracción XI, el citado criterio es del tenor siguiente:

“A quienes prestan el servicio de subcontratación (Outsourcing) en términos del Artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.

Hacemos referencia al inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conforme a la cual se entenderá como Actividad Vulnerable y, por tanto, objeto de identificación, la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes.

Al respecto, nos permitimos puntualizar que el contratista al prestar el servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIROPIR para ser considerada como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas por la LFPIORPI y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del contratante, es decir de su cliente, en la realización del servicio contratado.”

Lo anterior, implica que conforme a la LFPIORPI los sujetos que realizan “Actividades Vulnerables” (que son aquellos a los que se refiere el Art. 17 fracción de la LFPIORPI), están sujetas a las siguientes obligaciones:

  • Presentar reportes mensuales a través de la página de la UIF, a fin de reportar por cada cliente la forma en cómo administran sus recursos humanos y la forma en cómo cumplen con sus obligaciones fiscales. Además deben aportar datos muy detallados de sus clientes y de la forma en cómo se lleva a cabo la “Actividad Vulnerable”;
  • Deben tener implementado un manual de lineamientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, de conformidad con lo señalado en el Reglamento del LFPIORPI y sus reglas de operación;
  • Integrar expedientes de identificación de sus clientes, a los cuales les prestan servicios de tercerización de personal, esto es, identificar a los beneficiarios efectivos de las labores de los trabajadores;
  • Llevar registros especiales, respecto a políticas de conocimiento de sus clientes con un enfoque basado en el riesgo;
  • Designar a un Oficial de Cumplimento, que es quien deberá dar los avisos a la UIF, así como de responder ante dicha autoridad en caso de detectarse algún problema;
  • Resguardar la información y documentación con los criterios legales que señala la normativa, contar con criterios de confidencialidad, atender los requerimientos y las visitas de verificación que practique la UIF, etc.

satEl cumplimiento de dichas obligaciones implica que las empresas de outsourcing y/o insourcing ya no podrán trabajar como lo venían haciendo y pasarán a estar en el radar del SAT de manera mensual; a fin de que puedan ser auditadas vía electrónica de manera escrupulosa y periódica; ya que se corre el riesgo de que puedan estar involucradas en operaciones de lavado de dinero.

No obstante, hay que recordar que en caso de no cumplir con las obligaciones arriba citadas, se presumirá por la Unidad de Inteligencia Financiera o el SAT, –salvo prueba en contrario-  que dicha empresa está realizando probables actos de Evasión Fiscal.

Es importante recordar que estamos frente a un criterio de interpretación de las autoridades fiscales, mismo que tiene las siguientes características:

  • Al no estar dentro de un marco normativo resulta imposible anticipar desde cuándo se podrá exigir por la UIF el cumplimiento con dichas obligaciones fiscales.
  • No necesita ser publicado en el Diario Oficial de la Federación,
  • Técnicamente no tiene el rango de ley, y no es de observancia obligatoria para los particulares.

Lo anterior, no es óbice de que el SAT o la UIF cuando audite a una empresa dedicada a la tercerización de personal, sin lugar a duda exigirá demostrar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la LFPIORPI, ya que hizo del conocimiento de los contribuyentes su criterio interpretativo respecto de dicha ley.

El incumplimiento de las diversas obligaciones previstas en la LFPIORPI y su normativa secundaria, se sancionan con multas que de acuerdo a la infracción, se clasifican en rangos entre las 200 a las 65,000 UMA´s (Unidad de Medida y Actualización); esto en Pesos va de un rango de $14,000.00 a $4´225,000.00 Pesos M.N. De manera adicional, también pueden actualizarse penas privativas de la libertad; al tratarse de un delito grave como lo es el Lavado de Dinero; y no se alcanzaría el derecho a llevar el proceso penal con libertad condicional, otorgando una gaantía.

Ante tales medidas inquisitorias, Black Armour ofrece una asesoría integral personalizada para que cada cliente sea asesorado correctamente y en caso de ser necesario accionar oportunamente los medios de defensa y evitar las sanciones exorbitantes arriba mencionadas, esto en razón de que al final quien debe definir la ilegalidad del criterio tomado por la autoridad fiscal son los Tribunales.

 

Lic. Marco A. López
Gerente de Litigio
Black Armour